Paraguay: Incoop debe ser sustituido por una Superintendencia de Cooperativas

El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ya no se justifica actualmente, porque ha concentrado en sí mismo la autonomía de las cooperativas y el sector necesita  un órgano contralor que le garantice sus principios y su credibilidad. Se debe  tener una  superintendencia para lograr eso, sostuvo el doctor  Ricardo Franco Lanceta.

“El Incoop debe desaparecer, porque fue siempre evidentemente una traba para el desarrollo de las cooperativas”, dijo el Dr. Ricardo Franco Lanceta, especialista en materia de cooperativismo y finanzas, al ser consultado sobre los motivos de los desmanes que ocurren frecuentemente en el sector.    

La idea que tiene Franco Lanceta, y que dice que incluso lo han llevado a un proyecto de ley que está esperando mejores momentos, es que el órgano contralor sea ejercido por una superintendencia de cooperativas que funcione en el ámbito del Banco Central, como ocurre con la Superintendencia de Bancos.    

   

Al respecto, “nosotros hicimos un proyecto de ley que no presentamos en su momento porque no había clima adecuado en el Congreso, pero que puede servir como un instrumento válido” para recuperar lo que se ha perdido y corregir lo que no está bien en el cooperativismo, apuntó el especialista.    

Sobre el plan de una superintendencia aclaró que se prevé que la fiscalización se haga con los parámetros que establece la Ley de Cooperativas, no la ley que regula el sistema financiero actualmente, con lo que evidentemente se apuntaría directamente a cambiar el órgano de aplicación, que es la que no ofrece actualmente suficiente garantía para la transparencia del sector.    

Franco Lanceta cree que el registro y habilitación como entidad de ahorro y crédito puede correr por cuenta de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, donde ya existe la estructura burocrática y también la experiencia de años en la habilitación de sociedades.    

En la tarea de la superintendencia, según él, habría dos componentes esenciales: “la fiscalización en cuanto a la aplicación de los principios cooperativos y (el control) en cuanto a la gestión cooperativa; que no se desvirtúen los principios cooperativos, y entre esos principios está establecido el nivel de solvencia”.    

“En ese mismo proyecto nosotros planteamos que el sistema cooperativo tenga un régimen contra el riesgo financiero, un autoseguro solidario, que permita acumular un fondo que no es repartible nunca, pero que se acumula siempre para dar cobertura a los casos de morosidad. Eso no quiere decir liberar al moroso de su deuda, porque ese moroso por quien pagó el autoseguro solidario –que se maneja por separado de la contabilidad cooperativa– automáticamente se transforma en deudor del fondo”, explicó.    

Autonomía del Incoop   

Para el Dr. Franco Lanceta, la autonomía del Incoop como órgano contralor es absurdo, porque esa autonomía debe ser de las cooperativas y no del Instituto, “porque es una entidad cuyo personal está en el presupuesto público de la Nación y consiguientemente no puede existir autonomía; esa es la situación”.

Apuntó también que actualmente, así como están las cosas, existe un problema con la transparencia del sistema cooperativo. “Acá cuando vos hablás de transparentar una gestión, tienen miedo, toman todo como un negocio. Por eso es que hay muchas cooperativas que se exceden y cometen barbaridades como esta última de Luque, por ejemplo”, acotó, refiriéndose a unas polémicas modificaciones del Estatuto Social aprobadas recientemente por esa entidad y otros casos similares.

Actualmente, el Incoop es orgánicamente una institución del Estado, pero sus autoridades son elegidas por los cooperativistas y el cambio de las mismas no depende del Gobierno.

La ley y el Instituto

Según la Ley  2157, en cuanto a su naturaleza jurídica , el Incoop “es persona jurídica de derecho público, autónoma y autárquica, de duración indefinida” y es “la autoridad de aplicación de la legislación cooperativa y autoridad de control de los entes cooperativos”. El Instituto, por disposición de la misma normativa, es manejado por un Consejo Directivo compuesto por un presidente, cuatro miembros titulares y cuatro suplentes. El presidente lo nombra el Poder Ejecutivo de una terna electa por las cooperativas.

Fuente: http://www.abc.com.py